Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía

La salud como derecho, no como mercancía

El debate sobre la salud en Argentina no empieza ni termina en hospitales. Empieza en la Constitución Nacional, que en su artículo 42 y en los tratados internacionales incorporados en 1994 —como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— reconoce la salud como un derecho humano fundamental. Esa base jurídica no es decorativa: obliga al Estado a garantizar condiciones mínimas de acceso, independientemente del ingreso, la geografía o el trabajo formal de cada persona.

Sin embargo, la distancia entre el derecho escrito y el derecho vivido sigue siendo enorme. Argentina tiene un sistema de salud fragmentado en tres subsectores —público, de obras sociales y privado prepago— que no se articulan entre sí de manera eficiente y que tienden a reproducir las jerarquías sociales en lugar de atenuarlas. Quien tiene trabajo registrado accede a una obra social; quien puede pagarlo, a una prepaga; quien no tiene ninguna de las dos, depende del hospital público. Esa arquitectura no es natural ni inevitable: es el resultado de décadas de decisiones políticas y omisiones deliberadas.

Comprender el impacto de la salud pública en la equidad social en Argentina requiere mirar el sistema en su conjunto, rastrear sus transformaciones históricas y entender qué fuerzas políticas empujan hacia la universalización y cuáles hacia la mercantilización. No es una discusión técnica: es, en el fondo, una discusión sobre qué tipo de país queremos construir.

El mapa de la desigualdad sanitaria

La desigualdad en salud en Argentina tiene una geografía precisa. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil presenta disparidades significativas entre provincias: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registran tasas considerablemente menores al promedio nacional, en provincias del norte como Chaco, Formosa o Jujuy los números superan ampliamente ese promedio, reflejando condiciones estructurales de pobreza, falta de infraestructura y menor presencia del Estado.

Esa brecha geográfica se superpone con una brecha de clase. Las enfermedades crónicas no transmisibles —diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— afectan de manera desproporcionada a los sectores populares, que tienen menor acceso a alimentación adecuada, a espacios verdes, a trabajo no precarizado y a atención médica oportuna. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del INDEC documenta estas tendencias desde hace años: los indicadores de riesgo cardiovascular, obesidad y sedentarismo son consistentemente más altos en los quintiles de menor ingreso.

A esto se suma la desigualdad de género. Las mujeres, especialmente las de sectores populares, cargan con una doble carga: son las principales cuidadoras informales del sistema de salud familiar y, al mismo tiempo, enfrentan barreras específicas de acceso —desde la falta de servicios de salud sexual y reproductiva hasta la invisibilización de patologías prevalentes en mujeres dentro del sistema médico hegemónico.

Historia de la salud pública argentina: conquistas y regresiones

Argentina construyó su sistema de salud pública en gran medida durante el primer peronismo. La figura del Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la Nación entre 1946 y 1954, es inseparable de ese proceso. Bajo su conducción se construyeron más de 4.000 establecimientos sanitarios, se erradicaron enfermedades como el paludismo en varias regiones y se sentaron las bases de una concepción de la salud como función social del Estado. La célebre frase de Carrillo —"no puede haber política sanitaria sin política social"— sigue siendo una brújula vigente.

Esa arquitectura fue sometida a presiones crecientes desde la dictadura de 1976, que desarticuló el sistema de salud junto con el conjunto del Estado de bienestar. Los noventa profundizaron el daño: la descentralización hospitalaria sin transferencia de recursos reales, la desregulación de las obras sociales y el avance de las prepagas privadas fragmentaron aún más el sistema y lo empujaron hacia la lógica del mercado. El resultado fue un sistema donde la calidad de la atención que recibís depende, en gran medida, de cuánto podés pagar.

Los gobiernos kirchneristas (2003-2015) intentaron revertir parcialmente esa tendencia: el Plan Nacer —luego SUMAR—, la extensión de la cobertura de medicamentos, la creación del Ministerio de Salud como cartera autónoma y el aumento del presupuesto sanitario fueron pasos concretos en dirección a la universalización. Sin embargo, la fragmentación estructural del sistema no fue resuelta, y las políticas de ajuste que siguieron —especialmente desde 2018 y con renovada intensidad desde 2023— volvieron a erosionar esos avances.

Desfinanciamiento: cuando el ajuste enferma

El ajuste fiscal no es una política neutral. Cuando se recortan los presupuestos de salud, los primeros afectados son siempre los mismos: quienes no tienen otra opción que el hospital público. El desfinanciamiento sanitario es, en términos concretos, una política regresiva: transfiere costos desde el Estado hacia los sectores más vulnerables.

El proceso iniciado en 2024 con la administración de Javier Milei implicó recortes significativos en el presupuesto del Ministerio de Salud, la interrupción de compras centralizadas de medicamentos e insumos, y el desmantelamiento de programas de salud pública que habían tardado años en consolidarse. Según informó Página/12, organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas denunciaron desabastecimiento de medicamentos oncológicos y para enfermedades raras durante los primeros meses de 2024, situación que afectó especialmente a quienes dependen del sistema público.

La lógica del ajuste en salud responde a una concepción ideológica precisa: la salud como bien privado que cada individuo debe procurarse según sus posibilidades. Frente a esa visión, el campo popular sostiene que la salud es un bien público, que su provisión genera externalidades positivas para toda la sociedad y que el Estado es el único actor capaz de garantizarla universalmente. No se trata de una diferencia de matices: son dos modelos de país incompatibles.

Entre los principales efectos documentados del desfinanciamiento sanitario se encuentran:

• Caída en la cobertura efectiva: los hospitales públicos con menos recursos atienden peor y más lento, lo que desalienta la consulta temprana y eleva los costos de atención tardía.
• Desabastecimiento de medicamentos e insumos: afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos continuos.
• Fuga de profesionales: los salarios deprimidos del sector público expulsan a médicos, enfermeros y técnicos hacia el sector privado o hacia el exterior.
• Deterioro de la infraestructura: la falta de mantenimiento y renovación tecnológica amplía la brecha entre hospitales públicos y clínicas privadas.
• Aumento de la mortalidad evitable: cuando la atención llega tarde o no llega, la gente muere de enfermedades tratables.

Medicamentos, soberanía y poder farmacéutico

Uno de los nodos más sensibles del sistema de salud es el acceso a medicamentos. Argentina tiene una industria farmacéutica nacional de cierta envergadura, con laboratorios públicos como el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe o el CILFA, que producen medicamentos genéricos a precios accesibles. Sin embargo, el mercado farmacéutico argentino sigue dominado por grandes corporaciones transnacionales que fijan precios en función de la rentabilidad global, no de las necesidades locales.

La política de medicamentos genéricos, impulsada en distintas etapas por el Estado nacional, es una herramienta concreta de equidad: un medicamento genérico puede costar entre un 30% y un 70% menos que su equivalente de marca, según estimaciones del sector. Para una familia de ingresos medios-bajos, esa diferencia puede significar la frontera entre seguir el tratamiento o abandonarlo. La prescripción por nombre genérico, establecida por ley en Argentina, es una política de salud pública que tiene impacto distributivo directo.

La soberanía sanitaria también pasa por la capacidad de producir localmente vacunas e insumos estratégicos. La pandemia de COVID-19 demostró con brutalidad la dependencia que genera no tener esa capacidad: los países que podían producir sus propias vacunas controlaron el proceso; los que dependían exclusivamente de la importación quedaron a merced de los mercados internacionales. Argentina, a través del laboratorio mAbxience y del acuerdo con AstraZeneca para la producción del principio activo de la vacuna, mostró que esa capacidad existe y puede desarrollarse.

El rol del primer nivel de atención

La equidad en salud no se construye solo con hospitales de alta complejidad. Se construye, sobre todo, con un primer nivel de atención fuerte, accesible y resolutivo. Los centros de atención primaria de la salud (CAPS) son la puerta de entrada al sistema para la mayoría de la población: vacunación, control del embarazo, atención de enfermedades crónicas, salud mental comunitaria, odontología básica. Cuando ese primer nivel funciona bien, descomprime los hospitales, detecta problemas temprano y reduce los costos totales del sistema.

En Argentina, el primer nivel de atención ha sido históricamente el patito feo del sistema: subfinanciado, con infraestructura deteriorada, con profesionales mal pagos y con escasa jerarquía dentro de la carrera médica. Esa subvaloración tiene consecuencias directas sobre la equidad: los sectores populares, que dependen más del primer nivel, son los que más sufren su debilidad.

Fortalecer la atención primaria requiere inversión sostenida, pero también un cambio cultural dentro del sistema de salud: pasar de un modelo centrado en la enfermedad y la alta tecnología a un modelo centrado en la salud comunitaria y la prevención. Ese cambio de paradigma es, al mismo tiempo, una decisión política y una apuesta por la equidad.

Salud mental: la deuda pendiente

Si la salud física sigue siendo un derecho desigualmente distribuido en Argentina, la salud mental lo es aún más. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, fue un avance significativo: reconoció la salud mental como un derecho humano, estableció el consentimiento informado como principio rector y fijó plazos para la sustitución de los manicomios por dispositivos comunitarios. Sin embargo, su implementación ha sido sistemáticamente postergada.

Los hospitales monovalentes —los manicomios— siguen siendo la respuesta predominante a las crisis de salud mental en gran parte del país, a pesar de que la evidencia internacional muestra que los dispositivos comunitarios son más efectivos y menos costosos. La falta de recursos para la salud mental en el primer nivel de atención deja a millones de personas sin acceso a tratamiento oportuno. Y la estigmatización social de los padecimientos mentales sigue siendo una barrera que el sistema de salud no ha logrado derribar.

La pandemia de COVID-19 agravó esta situación: el aislamiento, la incertidumbre económica y el duelo masivo dispararon los indicadores de ansiedad, depresión y consumo problemático de sustancias. El sistema de salud mental, ya débil antes de la pandemia, quedó desbordado. Esa crisis no resuelta es parte del costo social del desfinanciamiento.

Conclusión: la salud pública como proyecto político

El impacto de la salud pública en la equidad social en Argentina no es un tema técnico que pueda resolverse con buenas intenciones y gestión eficiente. Es un tema político, en el sentido más profundo del término: implica decidir quién tiene derecho a qué, quién paga y quién se beneficia, qué rol juega el Estado y qué espacio se le da al mercado.

Un sistema de salud que garantiza acceso universal, que invierte en el primer nivel de atención, que produce medicamentos e insumos estratégicos localmente, que implementa la ley de salud mental y que financia la formación de sus profesionales es un sistema que reduce desigualdades. Un sistema que se desfinancia, que se fragmenta y que se mercantiliza es un sistema que las amplifica.

La salud pública no es un gasto: es una inversión en el capital humano y social de un país. Y en Argentina, donde la desigualdad estructural sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo, esa inversión no es opcional. Es la condición de posibilidad de cualquier proyecto de país que se tome en serio la equidad.