Salud pública en comunidades vulnerables: beneficios reales del Estado presente

La salud como derecho, no como mercancía

Hay una discusión que en Argentina nunca termina de saldarse: ¿la salud es un derecho o un servicio que se compra y se vende? La respuesta que da cada gobierno no es abstracta. Se traduce en presupuesto, en médicas y médicos en los barrios, en vacunas disponibles o faltantes, en centros de atención primaria abiertos o cerrados. Se traduce, en última instancia, en vidas.

Las comunidades vulnerables —villas, barrios populares, zonas rurales alejadas, poblaciones indígenas— son las primeras en sentir cuando el Estado se achica y las últimas en recuperarse cuando el daño ya está hecho. Por eso analizar los beneficios sociales del programa de salud pública en comunidades vulnerables no es un ejercicio académico: es una forma de medir la calidad democrática de un país.

En este artículo repasamos qué lograron los programas públicos de salud en Argentina, con qué evidencia contamos y qué ocurre cuando esas políticas se desfinancian bajo la lógica del ajuste. Para ampliar el marco, recomendamos leer también Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía.

Qué miden los indicadores y qué nos dicen

La mortalidad infantil es uno de los termómetros más crudos de la desigualdad. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina registró en 2023 una tasa de mortalidad infantil de alrededor de 8,1 por mil nacidos vivos, cifra que oculta brechas enormes entre provincias: mientras algunas jurisdicciones con mayor inversión sanitaria se acercan a los 5 puntos, otras del norte del país superan los 12 o 13.

Esas brechas no son casuales. Responden a décadas de desigual distribución del gasto público en salud, infraestructura sanitaria deficiente y acceso limitado a agua potable y saneamiento. Cuando se implementaron programas nacionales focalizados —como el Plan Nacer (luego Sumar), el Programa Remediar o la Atención Primaria de la Salud reforzada durante los gobiernos kirchneristas— los indicadores mejoraron de manera estadísticamente significativa en las poblaciones objetivo.

El Programa Sumar, por ejemplo, extendió cobertura efectiva a millones de personas sin obra social, con énfasis en mujeres embarazadas, niños y niñas. Estudios del Banco Mundial y del propio ministerio documentaron reducciones en mortalidad neonatal en las provincias donde el programa tuvo mayor penetración. No es ideología: son datos.

Atención primaria: el primer escalón que el ajuste siempre ataca

La Atención Primaria de la Salud (APS) es la columna vertebral de cualquier sistema sanitario que pretenda ser universal. Los centros de salud barriales, las salitas, los agentes sanitarios que recorren los territorios: todo eso forma una red que, cuando funciona, resuelve el 80% de los problemas de salud antes de que escalen a internaciones costosas e innecesarias.

En Argentina, la APS tuvo sus momentos de mayor fortalecimiento durante períodos de expansión del gasto social. La incorporación de médicas y médicos comunitarios, la distribución gratuita de medicamentos esenciales a través de Remediar y la formación de promotores de salud en comunidades originarias son ejemplos concretos de políticas que redujeron la brecha de acceso.

Sin embargo, la APS es también el primer blanco cuando llegan los recortes. Los contratos de personal no se renuevan, los insumos escasean, los horarios se reducen. Las personas que no tienen otra opción —porque no tienen obra social ni dinero para una clínica privada— quedan sin red. Esto tiene un costo humano que ninguna planilla de Excel de ajuste fiscal suele registrar.

• Cobertura: El Programa Sumar llegó a cubrir, en su momento de mayor expansión, a más de 14 millones de personas sin cobertura formal de salud.
• Medicamentos: Remediar distribuyó medicamentos esenciales gratuitos en miles de centros de salud del país, reduciendo la barrera económica al tratamiento.
• Salud materna: Las tasas de mortalidad materna mostraron tendencia descendente durante los períodos de mayor inversión en APS y controles prenatales.
• Salud infantil: Los controles de crecimiento y desarrollo y las campañas de vacunación en territorio contribuyeron a reducir la desnutrición infantil en zonas críticas.

El desfinanciamiento como política: lo que se pierde cuando el Estado se retira

No es casual que cada ciclo de ajuste en Argentina ataque el gasto social con el argumento de la "eficiencia" y el "equilibrio fiscal". La lógica es siempre la misma: el Estado gasta demasiado, hay que reducirlo, el mercado asignará mejor los recursos. Lo que esa narrativa omite es quién paga el costo de esa retirada.

Como señalamos en Deuda externa y políticas sociales: cómo el FMI condiciona el bienestar argentino, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional históricamente incluyeron condicionalidades que comprimieron el gasto en salud, educación y protección social. El resultado no fue una economía más sana: fue más pobreza, más enfermedad y más desigualdad.

El presupuesto de salud pública en términos reales —es decir, ajustado por inflación— sufrió caídas significativas durante períodos de ajuste ortodoxo. Esas caídas se traducen en hospitales sin insumos, en listas de espera que se extienden, en profesionales de la salud que emigran o se van al sector privado porque el salario público ya no alcanza. Las comunidades vulnerables, que dependen casi exclusivamente del sistema público, son las que absorben ese deterioro.

Salud comunitaria: cuando el Estado llega al territorio

Una de las experiencias más ricas de la salud pública argentina es la de los equipos de salud comunitaria que trabajan en el territorio: agentes sanitarios, trabajadoras sociales, médicas rurales, parteras comunitarias. Estos perfiles, que combinan conocimiento técnico con inserción territorial, son irreemplazables para llegar a poblaciones que el sistema formal no alcanza.

En comunidades indígenas del norte argentino, en villas de las grandes ciudades, en parajes rurales de la Patagonia, estos equipos realizan tareas que van mucho más allá de la consulta médica tradicional: relevamiento de condiciones de vivienda, seguimiento de embarazos de riesgo, educación alimentaria, detección temprana de violencia doméstica. La salud comunitaria entiende que la enfermedad no es solo biológica: es también social, económica y política.

Esta perspectiva es coherente con lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define como determinantes sociales de la salud: las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Ignorar esos determinantes y tratar la salud como una cuestión individual de "hábitos" es, además de científicamente incorrecto, políticamente conveniente para quienes no quieren tocar la desigualdad estructural.

Para entender cómo la desigualdad económica alimenta la desigualdad sanitaria, es útil revisar también Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste.

Vacunación y salud colectiva: el bien público por excelencia

Si hay un área donde los beneficios sociales del programa de salud pública en comunidades vulnerables son indiscutibles, es la vacunación. El Calendario Nacional de Vacunación argentino es reconocido internacionalmente como uno de los más completos de América Latina. La incorporación de vacunas como la del neumococo, la meningitis, el rotavirus y el VPH fue resultado de decisiones de política pública que requirieron inversión sostenida y voluntad estatal.

Las tasas de cobertura de vacunación son más altas cuando el Estado lleva las vacunas al territorio: cuando hay vacunadores que van a las escuelas, a los barrios, a las comunidades rurales. Cuando esa logística se debilita —por falta de recursos, de personal o de insumos—, la cobertura cae primero en las zonas más alejadas y vulnerables, que son las que menos pueden compensar con el sistema privado.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la cobertura vacunal por debajo del 95% en una población genera riesgo de reemergencia de enfermedades que ya habían sido controladas. Argentina estuvo cerca de esos umbrales críticos en años de desfinanciamiento. La recuperación de esos niveles requirió esfuerzo presupuestario y político.

El debate que viene: defender lo público en tiempos de presión fiscal

Argentina transita hoy un período de intensa presión sobre el gasto público, con argumentos que presentan el ajuste como inevitable y cualquier defensa del Estado como "populismo irresponsable". Frente a ese relato, los datos de salud pública son un argumento poderoso: cada peso invertido en atención primaria, en vacunación, en salud comunitaria, genera retornos sociales y económicos que el mercado nunca va a proveer por su cuenta.

La salud de las comunidades vulnerables no es un gasto: es una inversión en el tejido social del país. Un niño que crece con controles pediátricos, una madre que tuvo atención prenatal adecuada, una familia que accede a medicamentos esenciales sin pagar de su bolsillo: todo eso es capital social que ningún índice de riesgo país mide pero que define la calidad de vida de millones de personas.

Como señala la historia del movimiento social argentino —que puede rastrearse en Historia del movimiento obrero argentino y sus luchas—, los derechos no se conceden: se conquistan y se defienden. La salud pública universal es uno de esos derechos que requiere defensa activa frente a cada embate del ajuste.

El Estado presente en salud no es un lujo ideológico. Es la diferencia entre vivir y morir para millones de argentinas y argentinos que no tienen otra red.