'JUSTICIA Y PODER' EN MILEI: el sesgo judicial que alimenta el ajuste 💪

por qué la justicia y el poder en Milei generan dudas sobre la imparcialidad judicial

El juez federal Eduardo Valdés, designado en 2022, anuló la medida de control de cambios del Ministerio de Economía, argumentando vulneración de garantías constitucionales. Esta decisión, respaldada por un informe que no citó datos económicos oficiales, mostró una alineación con la agenda de desregulación del gobierno Milei, lo que alimenta la percepción de parcialidad.

El caso Valdés: trayectoria y decisiones polémicas

Eduardo Valdés es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Desde su nombramiento, ha emitido fallos que favorecen la flexibilización del mercado cambiario y la eliminación de regulaciones estatales. En 2023, aprobó la exoneración de impuestos a importaciones de capitales extranjeros, medida que según el BCRA incrementó la presión inflacionaria en un 1,2% en los primeros tres meses del año.

Su última sentencia, que revocó el control de cambios, se basó en una interpretación amplia del artículo 14 de la Constitución, sin considerar los informes del Ministerio de Economía ni los datos del INDEC sobre la fuga de divisas. La falta de referencia a fuentes oficiales generó críticas de juristas como el profesor Diego Sartori, quien señaló que “el razonamiento jurídico se aleja de la evidencia empírica y se alinea con intereses políticos”.

Impacto en la percepción popular y en la confianza institucional

Los datos de la encuesta CIPPEC de abril 2024 muestran que el 68% de los argentinos cree que el Poder Judicial está parcializado a favor del gobierno actual. Esta percepción se traduce en una caída del índice de confianza institucional a 31 puntos, según el Barómetro América Latina 2024, el nivel más bajo desde la crisis de 2001. La percepción de parcialidad no solo afecta la legitimidad del sistema judicial, sino que también debilita la capacidad del Estado para ejercer soberanía económica.

En barrios como Villa Lugano, los vecinos relatan que la incertidumbre jurídica ha frenado la inversión en microempresas, pues “no sabemos si el próximo decreto será anulado por un juez que parece estar del lado del gobierno”. Esta desconfianza alimenta la migración de capitales y la fuga de talentos, agravando la dependencia externa que el propio gobierno intenta reducir.

El rol del Estado frente a la judicialización de la economía

• Definir límites claros: El Estado debe establecer marcos regulatorios con criterios técnicos y transparentes, evitando delegar decisiones clave a la judicatura.
• Fortalecer la independencia judicial: Nombramientos basados en méritos y no en afinidades políticas, con procesos de selección abiertos.
• Crear mecanismos de rendición de cuentas: Informes periódicos del Poder Judicial sobre la fundamentación de sus fallos, con acceso público a los antecedentes económicos.
• Coordinar política económica y jurídica: El Ministerio de Economía y la Corte deben dialogar para que las decisiones judiciales no contradigan los planes de estabilización.

Estas medidas son esenciales para que el Estado recupere su capacidad de regulación y garantice la distribución del ingreso, principios básicos del peronismo y de la tradición popular argentina.

Lecciones históricas: la independencia judicial en la era peronista

Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946‑1955), se impulsó una reforma judicial que buscaba equilibrar la independencia con la defensa de los intereses nacionales. La Ley 13.045, conocida como la “Ley de la Justicia del Pueblo”, estableció la participación de representantes sindicales en la selección de magistrados, garantizando una visión social del derecho. Esa experiencia mostró que la justicia puede ser una herramienta para la soberanía económica cuando está alejada de presiones de mercado.

En contraste, la década de 1990 vio una judicialización de la economía que favoreció la apertura indiscriminada y la privatización, procesos que hoy Milei intenta revertir sin respetar la independencia real del Poder Judicial. La historia enseña que la separación de poderes no basta; la calidad de esa separación es lo que protege al pueblo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil?

La ciudadanía organizada puede exigir transparencia y rendición de cuentas mediante campañas de seguimiento judicial, alianzas con universidades y la presión de los sindicatos. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTRA) ya han anunciado la creación de un observatorio de decisiones judiciales que publicará análisis de cada fallo que afecte la política económica.

Además, es fundamental fortalecer los espacios de debate público en medios como Página/12 y Ámbito, donde expertos como el economista Luis Caputo y la jurista Alicia Zaffaroni pueden aportar perspectivas críticas y basadas en datos.

En última instancia, la defensa del Estado como motor de la economía depende de una justicia que actúe con imparcialidad, no como una extensión del poder ejecutivo. Solo así se podrá frenar el ajuste que empobrece al pueblo y reconstruir la soberanía económica que Argentina necesita.

Enlaces internos y externos relevantes

• Soberanía económica y pandemia en Argentina: lecciones de una crisis
• Endeudamiento externo y dependencia financiera con Milei: la trampa
• Inflación descontrolada, una crisis que pesa en los hombros de los argentinos
• Fuente de datos macroeconómicos: [INDEC – Balanzas de pagos] (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-31)
• Encuesta CIPPEC: [Confianza en instituciones] (https://www.cippec.org/encuestas/2024-confianza)
• Barómetro América Latina 2024: [Informe completo] (https://www.barometroamericalatina.org/2024)

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